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Marco legal de la intervención con menores
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16/06/2023 11:41 am
Iniciador del debate
¿En qué consiste la LOPIVI? ¿Qué implicaciones tiene para los profesionales que trabajan con menores?
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, es una ley española que tiene como objetivo principal garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y prevenir cualquier forma de violencia que pueda afectarles.
A continuación, se presentan algunos de los artículos más importantes de esta ley:
Artículo 6: Establece el principio de interés superior del menor como criterio fundamental en todas las medidas y decisiones que les conciernan.
Artículo 17: Reconoce el derecho de los menores a ser oídos y a participar en los asuntos que les afecten, de acuerdo con su madurez y desarrollo.
Artículo 24: Regula la actuación de los profesionales que trabajan con menores, estableciendo la obligación de formación especializada en materia de infancia y adolescencia.
Artículo 36: Establece la obligación de notificar a los servicios de protección cualquier situación de riesgo o desprotección que afecte a un menor.
Artículo 48: Garantiza el acceso a servicios de apoyo, asistencia y recuperación integral para los menores que han sufrido violencia.
La historia de esta ley se remonta a la necesidad de actualizar y mejorar la legislación existente en España en materia de protección de la infancia. Fue el resultado de un amplio proceso de debate y consulta con expertos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de diversos sectores relacionados con la infancia.
Para los profesionales que trabajan con menores, la Ley Orgánica 8/2021 tiene varias implicaciones significativas. Entre ellas se encuentra la necesidad de contar con una formación especializada en materia de infancia y adolescencia, así como la obligación de notificar cualquier situación de riesgo o desprotección que se detecte. También establece la importancia de escuchar y tomar en cuenta la opinión de los menores en las decisiones que les afecten. Además, la ley enfatiza la importancia de contar con servicios de apoyo y recuperación integral para los menores que han sufrido violencia, lo que implica que los profesionales deben asegurar el acceso a estos servicios y brindar el apoyo necesario a los afectados.
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